23 de enero de 2026
CHUBUT
Desde la ONU cuestionan la reforma que eliminó los fueros a jueces y funcionarios
La Tecla Patagonia tuvo acceso al documento que envió la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite al gobierno argentino donde expresa su preocupación por la reforma constitucional reciente. Asegura que estos cambios podrían no ajustarse a los derechos internacionales y atentar contra la independencia del Poder Judicial
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, emitió una comunicación oficial al gobierno argentino. En ella expresó preocupaciones sobre la reforma constitucional reciente en la provincia de Chubut, que suprime la inmunidad de proceso y ejecución de sentencias penales para altos funcionarios, entre ellos jueces, fiscales y legisladores.
Esta carta, fechada el 14 de enero de 2026, constituye la novedad en el debate sobre la Ley
V No. 201, promulgada en 2025 tras un referéndum popular, y destaca posibles incompatibilidades con estándares internacionales de derechos humanos.
En la misiva, dirigida al gobierno nacional bajo la referencia OL ARG 1/2026, Satterthwaite analizó las modificaciones a los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial de Chubut.
Estas enmiendas, eliminaron las protecciones de inmunidad para figuras como el gobernador, vicegobernador, legisladores, magistrados del Poder Judicial, procurador general, defensor general, fiscales, defensores, ministros del Ejecutivo, miembros municipales electos y dirigentes sindicales. Antes, estos cargos gozaban de inmunidad salvo en casos de flagrancia en delitos con pena privativa de libertad.
La reforma pasó por un referéndum obligatorio el 26 de octubre de 2025, conforme al artículo 271 de la Constitución Provincial, y entró en vigor tras la aprobación popular.
Según el documento de la ONU, la nueva redacción permite la promoción de causas penales y la ejecución de sentencias condenatorias confirmadas en segunda instancia, sin necesidad de autorizaciones previas ni procesos de desafuero legislativo o judicial.
Satterthwaite argumentó que estos cambios podrían no ajustarse a obligaciones internacionales de Argentina, ratificadas en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1986 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de 1984.
La relatora invocó principios como el derecho a un juicio justo (artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del PIDCP y 8 de la CADH), la independencia judicial y la inamovilidad en el cargo, respaldados por los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura y los Principios de Bangalore.
"La supresión generalizada de la inmunidad de juezas, jueces y fiscales por actos oficiales no se alinea con los estándares de derechos humanos", señaló la carta. Advirtió que esta medida podría exponer a los operadores de justicia a presiones externas, menoscabar su independencia y afectar el Estado de derecho en la provincia.
Citó opiniones de expertos previos, como el ex relator Diego García-Sayán, y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enfatizó que la inmunidad funcional protege contra represalias por decisiones judiciales de buena fe, aunque no es absoluta y no cubre conductas delictivas graves.
La comunicación no realizó un análisis exhaustivo de la reforma, pero instó al gobierno argentino a proporcionar información sobre su compatibilidad con el derecho internacional.
Pidió explicaciones específicas sobre cómo las enmiendas cumplen con los principios de independencia judicial y juicio justo, y ofreció diálogo y asesoramiento técnico para fortalecer estas garantías.
Hasta el momento no se registró respuesta oficial del gobierno Chubut ni del nacional. La reforma generó debates locales desde su aprobación: sus defensores argumentan que promueve la igualdad ante la ley y combate la corrupción; sus críticos, incluidos sectores judiciales, la consideran un riesgo para la autonomía del Poder Judicial.
Esta intervención de la ONU añade un nuevo capítulo internacional al proceso, que busca equilibrar la responsabilidad de los funcionarios con la protección de instituciones democráticas. Se espera que el gobierno responda en las próximas semanas para aclarar las implicaciones de la ley.