El acuerdo con YPF ya es ley: qué cambia para Comodoro Rivadavia
La Legislatura ratificó el convenio firmado entre el Gobierno provincial y la petrolera por su retiro de la Cuenca del Golfo San Jorge. La norma fija que la compensación de 25 millones de dólares y los bienes transferidos tendrán como destino exclusivo obras e inversiones en Comodoro Rivadavia e incorpora cambios para reconocer competencias municipales
La Legislatura de Chubut aprobó este jueves el acuerdo suscripto entre el Gobierno provincial e YPF, dando luz verde al proceso de transferencia de activos y al esquema de compensación económica pactado tras la decisión de la compañía de retirarse de las áreas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge.
Con la sanción de la ley, el Ejecutivo provincial quedó habilitado para avanzar en la implementación del convenio, que contempla el pago de 25 millones de dólares por parte de la petrolera y la cesión de inmuebles, vehículos y otros bienes que pasarán a integrar el patrimonio provincial como parte del proceso de salida de YPF de la región.
El oficialismo consiguió reunir los votos necesarios para convertir la iniciativa en ley, con el respaldo de legisladores aliados, mientras que los bloques opositores mantuvieron una postura crítica y rechazaron el proyecto. La sesión estuvo atravesada por un intenso debate político, centrado principalmente en el alcance de la cláusula vinculada a los pasivos ambientales, el monto de la compensación económica y el destino que tendrán los activos transferidos.
Durante el tratamiento en comisión, el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo fue modificado con el objetivo de incorporar algunas de las observaciones planteadas en las últimas semanas por el municipio de Comodoro Rivadavia, aunque sin alterar el núcleo del acuerdo alcanzado con la empresa.
Uno de los cambios más relevantes incorporados por la Legislatura establece expresamente que los 25 millones de dólares abonados por YPF deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, seguridad, saneamiento y otros proyectos de interés público dentro de Comodoro Rivadavia. Con esa definición, la ley busca garantizar que los recursos permanezcan en la ciudad más impactada por el retiro de la operadora.
La norma también reconoce de manera explícita las competencias municipales sobre cuestiones vinculadas al uso del suelo, la planificación urbana, las habilitaciones, la política ambiental y el poder de policía respecto de los inmuebles comprendidos en el convenio. La incorporación de ese artículo responde a los planteos realizados por el intendente Othar Macharashvili, quien había cuestionado que el municipio no hubiera participado de la negociación con la petrolera.
Otra de las modificaciones alcanzó la integración del Consejo Consultivo que tendrá la misión de analizar el destino social de los edificios, terrenos e inmuebles históricos transferidos por YPF. A diferencia de la propuesta original, el organismo contará con representación tanto del gobernador como del intendente de Comodoro Rivadavia —o de quienes ellos designen— además de integrantes de organizaciones de la sociedad civil. No obstante, sus funciones serán de carácter consultivo y las decisiones finales continuarán bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial.
En paralelo, la ley incorpora un régimen específico para avanzar con la regularización dominial de inmuebles actualmente ocupados por clubes, asociaciones civiles y otras entidades comunitarias. El procedimiento prevé relevamientos, permisos de uso y comodatos mientras se completan las transferencias definitivas, además de restricciones para impedir que esos bienes sean vendidos, hipotecados o cambien de destino durante un plazo mínimo de veinte años sin autorización del Estado provincial.
El debate legislativo también volvió a poner sobre la mesa la discusión en torno a la cláusula de indemnidad ambiental incluida en el convenio. Desde la oposición se cuestionó que el acuerdo implique el cierre de eventuales reclamos futuros contra YPF vinculados a pasivos ambientales en las áreas comprendidas, además de considerar insuficiente la compensación económica frente al costo potencial de una remediación integral. En cambio, desde el oficialismo sostuvieron que la responsabilidad ambiental será asumida por las nuevas operadoras y defendieron el convenio como una herramienta para preservar activos estratégicos y generar recursos para Comodoro Rivadavia.