Vecinos firmaron una nota en la cual apuntaron contra una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, alegando que se necesitarían $52 millones por mes para afrontar salarios. En comunicación con LTP, la edil María Eugenia Ceraso lo desmintió. “Con el Presupuesto prorrogado del 2024, tenemos partidas suficientes para cubrir todo el año los gastos que estamos mencionando. En términos de dinero efectivo, no son más de $4 millones mensuales para sueldos”, dijo

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El Concejo Deliberante de Villa la Angostura quedó en las últimas horas en el ojo de la tormenta. Es que el pasado miércoles 16 de abril, el cuerpo aprobó por mayoría (cinco votos afirmativos y dos negativos) una ordenanza por la cual se modifica la forma en que se calculan los sueldos de los secretarios y asesores de bloque del recinto legislativo.

Luego de la resolución, vecinos de la localidad patagónica se pronunciaron con mucha dureza a propósito de la ordenanza a través de una carta abierta, en la cual denunciaron un gasto “millonario e innecesario”.

“Para traducir en números, es decir en dinero público que se necesitaría mensualmente en caso de aplicarse la absurda ordenanza sancionada, se puede estimar lo siguiente: secretarios+asesores de bloques=24 millones; concejales=21 millones; administrativos=7 millones. Total (personal-sin gastos funcionamiento)=52 millones”, alegan vecinos de la ciudad neuquina en la carta.

Con este motivo, La Tecla Patagonia se contactó con la concejal María Eugenia Ceraso, una de los cinco que apoyaron la ordenanza, quien desmintió esa información y dio detalles al respecto.

“Cuando uno hace una denuncia tan grave, contra un concejal o todos los que aprobaron una ordenanza, haciendo referencia a estar en contra de la Carta Orgánica, es un hecho grave, yo si fuera vecina me asustaría. No es un dicho liviano decir algo así. Nosotros lo que hicimos fue una modificación de la forma en que se calculan los sueldos de los secretarios y asesores, ayer asistí a una reunión comunitaria donde en el sector de cultura me dijeron que estaban cobrando $6.000 la hora, y los mismos representantes gremiales que estuvieron pujando por una recomposición salarial se hacían eco de cómo estaban compuestos los sueldos en la localidad. Un vecino ahí dijo que generamos la entrada en planta de gente en el Concejo, algo que tuve que aclarar. Se dicen cosas que no son ciertas”, mencionó en primer lugar.

En ese sentido agregó: “Estudiamos la viabilidad presupuestaria de esta decisión, hacemos lo propio con la Carta Orgánica y tampoco pasamos gente a planta. El año pasado, analizamos cómo el Concejo Deliberante utilizó sus fondos, de hecho le manifestamos al presidente del cuerpo que no se habían gestionado fondos que estaban previstos, y antes de que se terminase de cerrar el año le sugerimos un montón de cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento básico: los azulejos que se caen en el baño, la pintura que se estaba descascarando, entre otras cosas. Con el Presupuesto prorrogado del año anterior, tenemos partidas suficientes para cubrir todo el año los gastos que estamos mencionando si se quisiera”.

Sobre la misma línea, la concejal continuó: “En el 2024, la Defensoría del Pueblo tenía que llamar a cubrir el concurso, a mí me llamaron muy preocupados porque el intendente no sacaba el llamado para cubrir la vacante. Habíamos dejado la ordenanza lista, lo cual era un gesto político de apoyo, pero no era un requisito. Hasta principios de este año no logramos que Javier Murer lo hiciera, ahí tenes millones que se habían presupuestado para sostener la estructura de esa oficina. La auditoría está cerrada porque tenemos pocas personas que se presentan, y las que lo hicieron no terminaron de dar con el perfil. Es decir, hay muchos aspectos en los cuales el Concejo Deliberante tiene que tomar la posta y preocuparse, pero ahí también hay viabilidad presupuestaria. Cuando el secretario de Economía nos dijo que la Municipalidad estaba dispuesta a asumir un préstamo de la Provincia por el tema del asfalto en el barrio El Mallín, nos contó el superávit que tenemos mes a mes”.

María Eugenia Ceraso (a la derecha)

Por otro lado, Ceraso comentó: “Desde que llegó el gobernador Rolando Figueroa, estamos analizando el ajuste de las tazas, lo cual genera preocupación porque están muy desfasadas con el costo de los servicios en cuanto a cómo se pagan y los servicios que se prestan en Villa la Angostura. Trabajamos activamente para que se cobren tasas ajustadas a los costos y para que el Ejecutivo sea más eficiente en el uso del dinero. Tenemos responsabilidades éticas, legales y operativas que supimos tomar para la decisión que se determinó con la ordenanza”.

“En términos de dinero efectivo, estamos hablando de una ordenanza que no llega a los $4 millones en sueldos mensuales y que no tiene tanto que ver con un ajuste para la gente, tiene que ver con la forma en que se calculan los salarios que reciben los asesores y colaboradores de un concejal, que antes estaban atados al cálculo de los sueldos administrativos de la Municipalidad. Lo que hicimos fue estudiar que, en la pirámide, correspondía que se calculase respecto del salario del edil, que es del mismo departamento legislativo dentro del Ejecutivo, por un porcentaje que nos pareció que los iba a mantener en la estructura del Deliberante”, añadió la funcionaria en intercambio con LTP.

“En el expediente están los cálculos, tenemos un mail de personal de Capital Humano acerca de que le parecía viable la propuesta, porque esto se viene discutiendo hace casi un año. Por otro lado, está cómo se calculaban los básicos con esta nueva fórmula, había sueldos que estaban por debajo de los $800.000 para una persona que trabaja media jornada, y ahora se aumentaron $200.000/$300.000 por cabeza en puestos que no son más de doce. El costo del ajuste deduce de una cuenta que creímos que había que hacer de acuerdo a salarios de planta política y no de planta permanente, porque esta última hace el cálculo a partir de otros ítems”, manifestó.

Además señaló: “Otro argumento que esgrimimos tiene que ver con que se trata de las únicas personas que acompañan a los concejales en sus tareas, como también así a las transiciones entre gestiones. El Concejo Deliberante de Villa la Angostura no tiene una persona de planta permanente. Más allá de que cada bloque tiene la libertad de decidir quiénes trabajan en él, es muy valorado que una persona continúe en funciones entre gestión y gestión, por lo menos entendemos que es generar un valor en quienes sostienen el rol de los ediles”.

Y sentenció: “Si el intendente toma la decisión de vetar la ordenanza, tiene que esgrimir argumentos legales, y la verdad es que entiendo que es una ordenanza viable desde el punto de vista presupuestario. El Presupuesto no logra cuatro votos en el cuerpo por ejemplo. Una de las grandes críticas que se le hacen a Murer es cómo se pagan los sueldos, cuánto, qué poco se le paga a los profesionales en el ámbito municipal y cuánto cuesta retener a personas con experiencia y formación, como también así la poca calidad institucional. Eso requiera de una Intendencia que nos diga cómo y en qué quiere usar la plata. Si hablamos de austeridad, ningún concejal cobró un viático. El Plan de Gobierno no aparece en ningún lugar del expediente, y eso lo pide la Carta Orgánica. Yo veo que los ediles ejercemos nuestra función con mucha responsabilidad y colaboración para con el Ejecutivo”.

Por otro lado, y también en comunicación con este medio, la edil Noelía Figueroa (Comunidad) complementó: “No se crearon los cargos ahora, lo que se pretendía era reestructurar los sueldos para asesores y secretarios porque los mismos estaban por debajo del salario mínimo, son aproximadamente $200.000 por secretario y/o asesor, es cierto que hubiera sido prudente hacerlo luego de la aprobación del Presupuesto para que dentro del mismo se contemplara. El bloque oficialista es el único que no tiene asesor permanente...y otro hace unas semanas que tampoco tiene”.

Desde La Libertad Avanza Neuquén, fueron muy críticos con la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante: “Todos los concejales que votaron esta ilegítima e inmoral ordenanza son parte de la casta más rancia de la ciudad, que priorizan gastos políticos extraídos coercitivamente del bolsillo de los vecinos”.

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