16 de agosto de 2026
SANTA CRUZ
Un grupo de diputados buscan evitar sanciones a policías por el conflicto salarial
Un proyecto presentado en la Legislatura propone anular sanciones, traslados, descuentos y otras medidas administrativas vinculadas con la participación de efectivos en el reclamo iniciado en febrero de 2026
Diputados provinciales de Santa Cruz impulsan un proyecto de ley para establecer una protección administrativa especial para los integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron del conflicto salarial y laboral desarrollado durante este año.
La iniciativa, identificada como proyecto N° 408, lleva las firmas de Eloy Echazú, José Bodlovic, Agostina Mora, Daniel Peralta y Carlos Santi. Fue presentada durante la última sesión y girada a comisiones para continuar con su análisis.
El proyecto plantea declarar la nulidad de los actos administrativos que tengan como causa directa o indirecta la participación de efectivos en el conflicto iniciado el 8 de febrero de 2026.
La medida alcanzaría a apercibimientos, suspensiones, cesantías, traslados o cambios compulsivos de destino, modificaciones de horarios, recargos de servicio y descuentos salariales. También incluiría calificaciones desfavorables, anotaciones en los legajos y medidas que afecten ascensos o promociones.
En los casos alcanzados por la norma, se propone restituir la situación administrativa, funcional, económica y escalafonaria que los agentes tenían antes de las medidas. Esto podría incluir la devolución de haberes descontados y la corrección de los legajos.
Además, el Poder Ejecutivo debería realizar una revisión integral de las actuaciones administrativas vinculadas con el conflicto y remitir posteriormente un informe a la Cámara de Diputados.
Los autores fundamentaron la propuesta en las medidas de protesta protagonizadas durante 2026 por personal policial, penitenciario y sectores vinculados a Bomberos, que incluyeron reclamos salariales, acampes y negociaciones con el Gobierno provincial.
La protección tendría una vigencia de 18 meses. El proyecto aclara que el objetivo es evitar represalias por la participación en el reclamo salarial, sin impedir que el Estado mantenga sus facultades disciplinarias frente a conductas que no estén relacionadas con el conflicto.