En los últimos meses y con la mirada puesta en el el Atlántico, el Gobernador viene preparando el terreno para potenciar la actividad sobre el recurso marítimo en beneficio de la economía provincial

Santa Cruz: el ambicioso plan de pesca de Vidal

La provincia de Santa Cruz, bajo el liderazgo del gobernador Claudio Vidal, emprendió una transformación ambiciosa en su sector pesquero, marcada por alianzas internacionales, estudios científicos propios y la intensión de modificar acuerdos interprovinciales.

Este proceso, iniciado en octubre de 2024 durante una gira del mandatario por China, busca posicionar a la provincia como un eje estratégico en la industria pesquera argentina mediante la modernización portuaria, la generación de empleo y la explotación de recursos marinos.

En este marco, el memorando de entendimiento con la empresa china Fuzhou Hongdong Pelagic Fishery Co., representa el pilar central de esta estrategia. El acuerdo, que incluye inversiones multimillonarias en cinco puertos patagónicos y plantas procesadoras, esta siendo promocionado por el Gobierno Provincial como una oportunidad para reactivar la economía local.

Paralelamente, Santa Cruz presentó reparos ante el Convenio del Golfo San Jorge, un acuerdo interprovincial vigente desde 2018 que veda la pesca de langostino en la zona para proteger su reproducción. A través de un relevamiento pesquero autónomo, iniciado en enero y extendido hasta marzo, la Provincia busca redefinir la administración de sus recursos, a pesar de que Chubut advirtió como riesgoso para la biomasa marina.

Este escenario complejo, sumado a la necesidad de coordinación en el Consejo Federal Pesquero (CFP), plantea un debate con alcance nacional sobre cómo equilibrar desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y soberanía provincial.

El acuerdo con China: Modernización portuaria, controversias y geopolítica

La firma del memorando con Fuzhou Hongdong en octubre de 2024 marcó un hito en la política pesquera de Santa Cruz. El acuerdo, rubricado en la provincia china de Fujian, incluye una inversión estimada en USD 500 millones para modernizar los puertos de Puerto Deseado, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Punta Quilla y Río Gallegos. Además de infraestructura, el proyecto contempla la construcción de plantas procesadoras de pescado y astilleros, con el objetivo declarado de agregar valor a los recursos locales y generar empleo.

El convenio también tiene implicaciones geopolíticas. La modernización de puertos facilitaría el abastecimiento de la flota china que pesca en la Milla 201, un área adyacente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina donde operan cerca de 500 buques extranjeros. Organizaciones como la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) temen que esto incentive la pesca ilegal y afecte especies clave como el calamar Illex argentinus, vital para el ecosistema marino. No obstante, el Gobierno de Vidal defendió el proyecto como una "oportunidad histórica".

Para dar una muestra de las intenciones de avanzar con la industria pesquera, Provincia impulso la reactivación de la planta CONARPESA en Caleta Olivia, inactiva durante 13 años, ya generó decenas de empleos, con planes de ampliar su capacidad mediante una nueva planta de hielo y 130 puestos adicionales.

Asimismo, La creación de Santa Cruz Puede S.A.U., una empresa estatal destinada en parte a industrializar la producción pesquera y explorar mercados internacionales, representa otro eje central de la estrategia del gobierno provincial.

La iniciativa busca agregar valor a los recursos marinos mediante la transformación local de materias primas, reduciendo la dependencia de intermediarios y potenciando la exportación de productos terminados. Según el gobernador Claudio Vidal, la empresa "será un instrumento clave para que los beneficios económicos de la pesca se queden en la provincia y generen empleo genuino para los santacruceños" .

El relevamiento en el Golfo San Jorge: Ciencia, soberanía y conflicto interprovincial

En enero de 2025, Santa Cruz inició un estudio sin precedentes en el Golfo San Jorge, enfocado en especies como la merluza hubbsi, la centolla y el langostino. El gobernador Vidal participó activamente en la primera etapa, embarcándose en el buque Gaucho Grande para supervisar la recolección de muestras. Según el subsecretario de Pesca, Fernando Marcos, este relevamiento busca "dejar de depender de los estudios nacionales del INIDEP" y gestionar los recursos con datos propios.

Chubut, sin embargo, rechazó la iniciativa. En febrero de 2025, el secretario de Pesca chubutense, Andrés Arbeletche, presentó una nota ante el CFP denunciando que Santa Cruz capturaba langostinos juveniles durante el estudio, violando el acuerdo de veda. Arbeletche advirtió que esta actividad podría reducir la biomasa en aguas nacionales, afectando la temporada pesquera de Rawson. El INIDEP respalda esta postura, recordando que el Convenio del Golfo San Jorge permitió aumentar las capturas de langostino de 50.000 a 250.000 toneladas anuales gracias a la protección de ejemplares juveniles.

Santa Cruz, por su parte, argumenta que el relevamiento es una "medida técnica" para evaluar la viabilidad de reabrir la pesca en sus aguas jurisdiccionales (12 millas náuticas). La provincia también exige un aumento de la compensación económica por la veda, actualmente fijada en 3.800 toneladas anuales, y mayor control sobre los desembarques en sus puertos. Gustavo Martínez, ministro de Producción, advirtió con "romper el convenio" si no se atienden estas demandas, señalando que "la provincia puede definir no firmar el acuerdo y habilitar la pesca dentro de sus límites".

Mientras Santa Cruz insiste en su derecho a administrar sus recursos, Chubut y organismos nacionales subrayan la necesidad de coordinación para evitar la sobrepesca. Jorge Frías, de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, aunque celebra la participación de Vidal en el estudio, señaló: "No podemos arriesgar la sostenibilidad del langostino, que permitió mejorar condiciones laborales y capturas".

La coordinación en el Consejo Federal Pesquero: Diálogo, compensaciones y transparencia

El Consejo Federal Pesquero (CFP), encargado de regular la política pesquera nacional, se encuentra en el centro de este debate. Desde agosto de 2024, Santa Cruz viene presionando para renegociar los términos del Convenio del Golfo San Jorge, exigiendo mayores cuotas y compensaciones. Chubut, en cambio, insiste en mantener la veda y ha solicitado al CFP intervenir para frenar las acciones unilaterales de su vecina.

En ese sentido Santa Cruz defiende su relevamiento como una herramienta para "equilibrar la balanza" frente a Chubut, que concentra el 4,6% de la cuota de merluza frente al 4,8% santacruceño. Un punto crítico es la distribución de cuotas. Actualmente, el Estado nacional retiene el 12% de las capturas, mientras Buenos Aires tiene el 9%.

Santa Cruz argumenta que esta distribución no refleja su potencial marítimo y propuso un modelo donde las provincias con litoral tengan mayor injerencia.

La solución, según expertos, requiere un enfoque colaborativo, con auditorías bianuales y tecnologías de monitoreo satelital para garantizar prácticas sostenibles. Paralelamente, sectores laborales piden incluir a trabajadores en las decisiones del CFP, actualmente dominado por representantes políticos y empresariales.

Así, Santa Cruz enfrenta un desafío multidimensional: modernizar su industria pesquera sin sacrificar sostenibilidad, negociar con un gigante económico como China sin ceder soberanía, y equilibrar sus ambiciones provinciales con la necesidad de coordinación federal. Mientras Vidal impulsa su agenda con determinación, el mar patagónico exige prudencia. El éxito dependerá de su capacidad para transformar controversias en consensos, asegurando que el crecimiento económico no naufrague en aguas de la conflictividad ambiental y política.

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