Nahir Castillo, vocal por los padres del Consejo Provincial de Educación, expuso dicho mecanismo legal exigiendo transparencia sobre la situación de las escuelas en la Provincia. Reclama que el CPE informe en un plazo de 48 horas el estado edilicio de los establecimientos, el plan de mantenimiento y el detalle de los recursos utilizados para su reparación

Crisis educativa: presentaron un recurso de amparo por el estado edilicio escolar

Ante la falta de respuestas oficiales y el continuo deterioro de la infraestructura escolar en Santa Cruz, la vocal por los padres en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Nahir Castillo, presentó un recurso de amparo exigiendo información detallada sobre el estado edilicio de los establecimientos educativos de la Provincia.

El amparo, presentado ante la Justicia, solicita que el CPE informe en un plazo de 48 horas sobre las condiciones actuales de los edificios escolares y los planes de mantenimiento implementados desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha. Además, exige un desglose pormenorizado de los recursos destinados a estas tareas, incluyendo detalles de obras públicas, licitaciones y contrataciones directas efectuadas para la reparación y mantenimiento de las instituciones educativas desde febrero de 2024, con la correspondiente identificación de expedientes, montos invertidos, adjudicatarios y estado de ejecución de cada obra.

En su presentación, Castillo argumenta que se han agotado todas las vías administrativas y se han realizado numerosos reclamos públicos sin obtener respuestas concretas de las autoridades del CPE.

“Ante los reiterados incumplimientos de las autoridades del Consejo Provincial de Educación, recurrimos a la Justicia. Hemos presentado pedidos formales, realizado reclamos públicos y no hemos recibido ninguna respuesta. Tenemos que defender los derechos de los estudiantes”, afirmó.

El recurso también solicita a la Justicia que, en caso de persistir la falta de información por parte del CPE, se apliquen sanciones económicas a la Provincia por incumplimiento. En este sentido, se exige la imposición de un astreinte de $600.000 por cada día de demora en la entrega de la información solicitada, bajo la responsabilidad de la presidenta del CPE, Iris Rasgido.

Nahir Castillo subrayó la necesidad de obtener información precisa y detallada sobre la situación de los establecimientos educativos. “Es fundamental que el Gobierno haga pública la información que hemos solicitado, sobre el estado de las escuelas y cuál es el plan de mantenimiento. Necesitamos conocer qué presupuesto se piensa destinar, cuáles son los planes de trabajo y las prioridades que se han establecido”, explicó.

Asimismo, la vocal destacó que esta medida busca que las autoridades transparenten la gestión educativa y rindan cuentas a la comunidad. “Necesitamos saber cuál es el plan de mantenimiento de escuelas y qué cambios piensan implementar en un sistema que tiene enormes problemas y no da respuestas”, agregó.

Por último la representante de los padres en el CPE remarcó que el silencio del Gobierno provincial es preocupante y que este problema no es nuevo. “La falta de respuestas del Consejo Provincial de Educación es una constante. Queremos conocer el programa educativo y qué medidas van a tomar para garantizar que nuestros hijos estudien en condiciones dignas”, concluyó.

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Desde este martes 1 de abril, el el abogado, que hace parte del organismo desde agosto de 2024, presidirá el máximo tribunal de la provincia en reemplazo de la Dra. Silvia Bustos. Su mandato se extenderá hasta diciembre de 2026. Lo acompañarán Camila Banfi Saavedra como vicepresidenta primera y Ricardo Napolitani como vicepresidente segundo

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