Una investigación por contrataciones directas y con sospechas, más de 180 expedientes forman parte de la prueba y un jefe comunal que resiste como puede. Un caso que golpea a la política
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La situación de Luis Bertolini dejó de ser un problema administrativo para convertirse en un conflicto político abierto, con impacto directo en la vida cotidiana de Plottier. Lo que empezó como una investigación sobre contrataciones terminó escalando en volumen, en gravedad y en exposición pública. Hoy, con más de 180 expedientes bajo análisis, la causa ya no se explica como una serie de irregularidades aisladas sino como un esquema que, según la fiscalía, se repite en el tiempo.
El dato no es menor. La cantidad de contrataciones observadas es, en sí misma, uno de los puntos que más ruido genera. No se trata de una decisión puntual mal tomada, sino de una lógica que habría sido aplicada de manera sistemática. En ese sentido, el fiscal jefe Pablo Vignaroli fue claro al momento de describir el enfoque de la investigación: cuando los mismos patrones se repiten en distintos expedientes, la sospecha deja de ser administrativa para pasar a ser penal.
Uno de los ejes centrales es la reiteración de un mismo proveedor en contratos de rubros distintos. Esa especie de “comodín” dentro del circuito administrativo es, para los investigadores, una señal de alerta. No solo por la frecuencia con la que aparece, sino por el contexto en el que se lo contrata: procedimientos abreviados, falta de controles y, en algunos casos, ausencia de justificaciones claras para evitar licitaciones públicas.
A eso se suma otro elemento que agrava el cuadro: la debilidad ,o directamente la ausencia, de instancias de control dentro del municipio. La reconstrucción judicial apunta a expedientes que avanzaban sin dictámenes legales, sin informes técnicos y sin esos pasos intermedios que suelen funcionar como garantía mínima de transparencia. En algunos casos, incluso, se habrían utilizado mecanismos excepcionales como las contrataciones por urgencia sin que existiera una situación que lo ameritara.
Con ese panorama, la causa se encuadra en una figura que tiene peso propio: administración fraudulenta en perjuicio del Estado. No es una calificación menor, porque implica la sospecha de un uso indebido de recursos públicos en beneficio de terceros. Es ese salto el que explica por qué el caso dejó de ser un tema técnico y pasó a ocupar un lugar central en la agenda política.
El punto de mayor exposición llegó con los allanamientos. La irrupción de la justicia en dependencias municipales y en el entorno del intendente cambió la dinámica del caso. A partir de ahí, todo se volvió más visible: los movimientos judiciales, las reacciones políticas y el posicionamiento del propio Bertolini. Su respuesta fue inmediata y sin matices. Habló de procedimientos “invasivos”, cuestionó el accionar de la fiscalía y denunció una intención de presión. “Fue una acción para amedrentarme”, sostuvo.
Pero el contexto no acompaña del todo. En la ciudad, el malestar crece. Los reclamos por servicios básicos, demoras en trámites y problemas operativos se acumulan y alimentan un clima de desgaste. Desde el Concejo Deliberante reconocen que la situación genera ruido y que las quejas son constantes, aunque insisten en que cualquier definición debe darse dentro de los marcos institucionales.
En el plano político, el aislamiento empieza a notarse. La relación con el gobernador Rolando Figueroa atraviesa un momento frío. No hay fotos conjuntas, no hay señales públicas de respaldo y tampoco gestos que indiquen un alineamiento claro. En un gobierno provincial que hizo de la transparencia un eje discursivo, el caso Plottier aparece como un punto incómodo.
Puertas adentro, la lectura es más cruda. Hay quienes sostienen que el intendente no logró construir una base política sólida que le permita sostenerse en medio de la tormenta. Otros, en cambio, ven una disputa de poder más profunda, donde la causa judicial se mezcla con intereses políticos y reconfiguraciones dentro del mapa neuquino. En ese cruce, Bertolini se mueve en un equilibrio inestable.
La referencia a la gestión anterior aparece, pero no como eje central sino como telón de fondo. El vínculo con Gloria Ruiz es parte de esa historia, aunque hoy el foco está puesto en lo que ocurre en la actual administración. La discusión ya no pasa tanto por el origen del esquema, sino por su continuidad.
Mientras tanto, la investigación avanza. Se acumulan pruebas, se revisan expedientes y se reconstruyen circuitos administrativos. No hay todavía definiciones judiciales de fondo, pero el impacto político ya está en marcha. La causa instaló una pregunta que atraviesa a toda la ciudad: si lo que se investiga es una suma de errores o un modo de gestionar.
En ese escenario, Bertolini juega una partida compleja. Por un lado, necesita sostener su posición política y su legitimidad electoral. Por otro, enfrenta una causa que crece en volumen y en visibilidad. Mientras tanto, Plottier queda en el medio de una discusión que ya no es solo judicial, sino profundamente política.
Bertolini busca calmar los rumores: “No está en mi intención renunciar”
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, evitó dar declaraciones a La Tecla Patagonia al ser consultado por la causa judicial en su contra y argumentó razones de agenda. Sin embargo, en distintas apariciones públicas, fijó una línea de defensa clara frente a las acusaciones que investiga la fiscalía.
“Quiero reiterar mi defensa incondicional a la institucionalidad y mi convicción de respetar la elección popular que me pone ante la responsabilidad de esta ciudad”, sostuvo durante su discurso por el aniversario de la ciudad, donde también apuntó contra lo que consideró intentos de desestabilización. En ese marco, pidió “que no se quiera con operaciones mediáticas dar una sensación de temor e inestabilidad” y remarcó que su gestión continuará “hasta el 10 de diciembre de 2027”.
Esa postura se mantiene en línea con lo que había expresado previamente tras los allanamientos en el municipio y su vivienda, a los que calificó como “invasivos y desproporcionados”. “Fue una acción para amedrentarme”, aseguró, y dejó en claro que no analiza dejar el cargo: “No está en mi intención renunciar”.
Al mismo tiempo, planteó que muchas de las críticas forman parte de una disputa política. En esa línea, su entorno llegó a señalar que existe un sector que busca “ganar a través del escritorio” Mientras la causa judicial avanza, el intendente sostiene públicamente una doble estrategia: por un lado, cuestiona el proceso y denuncia presiones; por el otro, se apoya en la gestión y en el voto popular.
Fiscal Jefe - Pablo Vignaroli “No eran errores: había un patrón para beneficiar a una persona”
El fiscal jefe Pablo Vignaroli sostuvo que la investigación por las contrataciones en el municipio de Plottier se apoya, principalmente, en los propios expedientes secuestrados durante los allanamientos. Según explicó en declaraciones a La Tecla Patagonia, allí se detecta una “tramitación muy irregular”, donde no se respetaron los procedimientos previstos por la normativa vigente. Sin embargo, aclaró que el eje del caso no pasa solo por fallas administrativas: “Una irregularidad administrativa puede no ser delito, pero acá tenía una finalidad clara, que era beneficiar con los contratos a una misma persona”.
En ese sentido, el fiscal remarcó que el análisis conjunto de los expedientes permite ver un comportamiento sistemático. “Si vos ves un expediente solo, podés pensar en un error. Pero cuando mirás 180 expedientes tramitados de la misma manera, donde el único invitado que se repite es Pedro Vilches, ahí ya tenés una pauta clara”, explicó.
Además, señaló que los contratos tenían objetos completamente distintos. Sin embargo, siempre recaían en el mismo proveedor. “No importaba qué se iba a comprar, siempre se invitaba a la misma persona”, indicó, y agregó que esto también refuerza la hipótesis de direccionamiento.
La causa está siendo investigada como administración fraudulenta. “Ellos son funcionarios que administran un patrimonio ajeno, que es el de la municipalidad, y deben cumplir ciertos deberes. Cuando esos deberes se violan para beneficiar indebidamente a un tercero y generar un perjuicio, estamos ante un duro delito”.
Finalmente, Vignaroli adelantó que la investigación tiene una pretensión penal concreta: “Nuestra intención es llegar a un juicio y lograr una condena de cumplimiento efectivo”.
Las ruidos puertas adentro de la política - Las voces que integran el Concejo observan y esperan a la justicia
La crisis política e institucional en Plottier ya se siente en la calle y no solo en los expedientes judiciales que avanzan contra el intendente Bertolini y su antecesora, Gloria Ruiz. En ese contexto, fuentes dentro del Concejo Deliberante le reconocieron a La Tecla Patagonia que hay un desgaste fuerte en la gestión y un malestar creciente en la ciudad.
“La comunidad está en crisis y la pelota la tiene el Concejo. Hubo un 57% que votó a esta gestión y la gente quiere que se tomen las acciones correspondientes. Hay quejas constantes, pero siempre la institucionalidad se debe respetar con las reglas y formas necesarias”, señalaron.
Puertas adentro, el diagnóstico es más crudo. Hablan de problemas en el día a día del municipio, desde trámites que no salen hasta servicios que no funcionan como deberían. También apuntan a una falta de lectura política del propio Ejecutivo. “No se dejó ayudar ni interpretar la situación del municipio y de la comunidad, y ahí es donde la gente se cansó. Sin el Concejo no se puede gobernar”, fue lo que se comentó.
Mientras tanto, las causas judiciales siguen avanzando. Para algunos dentro del propio deliberativo, lo que está pasando no es solo por lo que ocurre ahora, sino por errores que se vienen arrastrando. “Le quedó grande el saco”, fue la declaración. Advirtieron que, en caso de una imputación, habrá novedades a nivel institucional.
